CREDIBILIDAD.
Juicio a la administración de justicia.
Administrar justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, es la misión que tiene el Órgano Judicial. Por eso, cuando las primeras planas de los diarios destacan como hechos noticiosos las graves acusaciones que se lanzan los propios magistrados de la Corte Suprema de Justicia, no puedo menos que sentir una profunda preocupación.
Y esto es así porque el mensaje que recibimos los ciudadanos y las ciudadanas, conduce al desencanto y la frustración con la institucionalidad democrática, acentuando la percepción de que no hay espacio público que no se encuentre afectado por la actitud del "juega vivo" y del "ahora me toca a mí".
La imagen de la Justicia, esa dama togada, con los ojos vendados, la espada en una mano y la balanza en la otra, rueda por el suelo atropellada por la auto descalificación de sus altos dignatarios. El daño que sufre la credibilidad de la institucionalidad democrática, ya de por sí cuestionada, es grave y profundo.
Esa credibilidad en la Justicia no puede ser considerada menos que como uno de los requisitos necesarios para la consolidación del estado de derecho en el que la independencia judicial es un elemento estructural de suma importancia, que dialécticamente está fundamentada en la confianza que tiene la sociedad en los magistrados y jueces. En pocas palabras, la legitimidad de los poderes se pierde cuando éstos no guardan la compostura moral que va más allá de las exigencias mínimas que representa el Derecho. "La mujer del César no sólo tiene que serlo sino también parecerlo".
Mientras tanto, y según los indicadores que ha puesto en relevancia la mesa de seguimiento de los objetivos de la Visión 2020, cerca de un 56% de la población privada de libertad en los centros carcelarios del país está pendiente de los procesos penales correspondientes; qué decir de la lentitud de los procesos que se adelantan en otras ramas de la jurisdicción, o de la larga espera a que se resuelvan importantes casos planteados ante la propia Corte Suprema.
La naturaleza política de la crisis institucional del Estado panameño, tiene que ser atendida con medidas capaces de atacar con urgencia y valentía problemas de carácter constitucional, que en el caso del Órgano Judicial tienen que ver entre otras cuestiones con la forma de elegir los altos cargos de la magistratura y la organización del gobierno del poder judicial, de manera que tengamos mejores garantías de que este órgano del Estado sea capaz de tutelar los derechos y resolver los conflictos que se presentan en el seno de la sociedad con la independencia, la eficacia y la prontitud que demanda la justicia.
Ante las circunstancias actuales, el marco jurídico expresado en la Constitución Política de la República y en la legislación vigente que la desarrolla, para elegir a magistrados, procuradores, jueces y fiscales, no es suficiente.
Entre algunos de los aspectos que deben ser profundizados está el proceso de selección de los mismos, con el propósito de elevar las exigencias profesionales, académicas y morales de quienes ocupen estos cargos, y esto debe ser así ya que más allá de las consideraciones y el buen juicio político que debe mostrar quien ostenta un alto cargo en la judicatura, su cultura jurídica debe ser un acicate para el buen ejercicio de sus funciones, además de considerar cualidades o virtudes profesionales que están al margen de las banderías políticas partidarias.
Este proceso tiene que ser acompañado de mecanismos rigurosos para que podamos medir y evaluar el desempeño de los magistrados a la hora de ejercer la potestad jurisdiccional. El control recíproco y armonioso entre los poderes debe enfocarse a eliminar todo rasgo de autoritarismo, clientelismos o politiquería contrario al buen funcionamiento del estado democrático de derecho.
La idea de que la ciudadanía pueda exigirle al Poder que rinda cuenta de su comportamiento, de manera razonada y fundada en el ordenamiento jurídico y en los valores éticos que lo sustentan, tiene que ser entendida como una exigencia radical de la cual ningún ente estatal o servidor público que lo represente debe quedar exento. Esta idea que ha sido piedra de toque en la construcción de los Estados modernos, hoy es vital para el cumplimiento del derecho al buen gobierno que tenemos los ciudadanos y ciudadanas, que depende en gran medida del funcionamiento del Órgano Judicial, llamado a ser la última línea de defensa del sistema democrático.
Todo parece indicar que los retos para los panameños y panameñas, ahora que contamos con la soberanía plena en el territorio nacional, están en garantizar la mejor forma de organización política para el ejercicio justo y democrático de esta soberanía.
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