A la deriva. En un insomnio, que no sé cuando empezó, embarcado en una figura inmensurable. Flotando en un espacio sin fin, en donde el sueño no llega, pasa de largo, deja estelas violáceas, rastros de polvo, memorias extraviadas en el asalto. Una noche, seguida de otra mañana, Horas innombrables, colmando días numerados, meses repetidos, cada uno anualmente. Un nuevo día apareja su nave, con su velamen nacarado, en este atracadero, que resuella nostalgias, testigo de idas y venidas, de mareas altas y bajas. Ayeres en el ancla, promesas en el horizonte, arde el tiempo en la proa. Mástiles desnudos, estirados al azul, levantándose de lo profundo, cortando el viento y su silencio. En esta orilla en que mi piel echo amarras.

La Serpiente de polvo. La piel estirada en la canícula del verano desde la puerta de la infancia hasta el borde del río. Muerde los pasos que arden en los pies descalzos, buscando el remanso del frescor en el recodo. Cada gesto colgado en los bordes del tiempo, de sol a sol, de luna a luna, mientras se levanta, mojada, cercana y remota, muda y escandalosa, contra el viento que restriega la llamarada ignota. Es el camino recorrido una y otra vez. El balde en la cabeza, los pies descalzos, la piel morena, barnizada en sudor. No hay distancias más allá de esa frontera, sólo un breve espacio de tiempo que pasa, arrastrado por las aguas que golpean las piedras, soñando en los cabellos de niños que juegan. De la mañana a la tarde, la polvareda se levanta, retoza contra las sábanas blancas, en el alambre del potrero. Algarabía del regreso, en los pálidos gestos, la serpiente de polvo muerde el estómago vacío, mientras ya sin aliento, siguiendo las huellas del sol, vuelve sus pasos, el balde en la cabeza, los pies descalzos. Otro día descansa a la orilla del río.

Relativo. Donde cruzar la raya y poner la cerca que encierra el dolor y las alegrías de ayer. En un patio de cristal verde azulado, a la orilla de un mar crispado y bajo un cielo gris, cubierto por la melancolía, todo depende, todo es relativo. No se trata de lamer viejas heridas, descifrar signos y marcas en la piel curtida, no hay enigma escondido entre el pellejo y la carne, nada que falte, nada que sobre, sólo la certeza de saber que, todo depende, todo es relativo. Esa es la condición mortal. El aliento sereno, aún después de extinta la flama, en el pétalo de flor y las alas del colibrí. Allí descansa el estruendo del rayo, y se hace tenue el color del sol. Ya lo sabes, todo depende, todo es relativo. De dónde vienes? A dónde vas? Puede ser el principio o el final del camino. Allí en donde estuve, allá en donde estaré. Todo depende, todo es relativo.

El camaleón. (Para Manuel Orestes.) Hay un lugar en el patio, bajo el frondoso árbol de mango, en donde el verde se multiplica y la luz solar entre las hojas semeja el cielo nocturno estrellado. Allí jugaba a encontrar un pequeño camaleón, habitante mágico de ese terreno vegetal, buscando entre el ramaje su piel de tornasol, esperando el milagro del cambio de color, maravilla cromática del mítico ser. En las horas del calor, cerraba los ojos y a través de mis parpados, membranas de rojo y pequeñas filigranas, imaginaba y sentía su presencia, mientras la brisa cálida de las sabanas estremecía las ramas y hacia girar el universo esmeralda. Desde la oquedad, disimulado en el entorno del tronco, me miraba y se preguntaba las preguntas que yo de él me preguntaba. Inmóvil, paciente, efímero y eterno, mientras se deslizaba el verano hasta las lluvias de mayo. Panamá, 26 de agosto 2015.

Es Constitucional que la Asamblea de Diputados nombre a uno de sus miembros como Contralor?

Interpretar la Constitucionalidad de los actos de los poderes públicos, su organización y funcionamiento es asunto del pleno de la Corte Suprema de Justicia. Diría además, que todos los responsables de la institucionalidad democrática están comprometidos con la Constitución. Este ejercicio de hermenéutica se pone en práctica de manera significativa en momentos en que los hechos de relevancia social, económico, cultural y política, que se dan en el ámbito que regula la Constitución, presentan un entorno poco definido o que el contenido literal y gramatical del texto constitucional abre la puerta al debate sobre sus alcances, por lo que se llega a plantear como un caso complejo o difícil. En no pocas ocasiones la discusión sobre la teoría de la Interpretación Constitucional nos demuestra que no siempre basta con el análisis literal o gramatical de las normas, sino que el interprete tiene que recurrir entre otras a las reglas de exégesis, basadas en el carácter teleológico y sistemático de las mismas, para poder ubicar en determinados contextos históricos lo que entrañan las normas constitucionales. Así, a manera de ejemplo, viene al caso preguntar si es Constitucional o no, que la Asamblea Nacional de Diputados elija a uno de sus miembros como Contralor General de la República? El problema resulta interesante, si consideramos que es inusual que la Asamblea Nacional de Diputados, en la historia de la República y en especial desde 1972 hasta la fecha, bajo la actual Constitución, haya nombrado de entre sus miembros al Contralor General. Acaso ninguno de los Legisladores o Diputados de las anteriores asambleas no llenaban los requisitos que señala el artículo 279 de la Constitución en su tercer y último párrafo para ocupar el cargo, sin que se llegara a colisionar o quebrantar con lo que este mismo artículo señala en su primer párrafo cuando a la letra dice que: “Habrá un organismo estatal independiente, denominado Contraloría General de la República”? Creo que de lo que se trata es comprender el alcance integral de ese mismo artículo 279 de la Constitución, en armónica interpretación con varios artículos de la misma Constitución, así el Artículo 161, numeral 5, que establece como una de las funciones administrativas de la Asamblea Nacional: Nombrar al Contralor General de la República. El artículo 163, numeral 1, que señala que, es prohibido a la Asamblea Nacional, expedir leyes que contraríen la letra o el espíritu de esta constitución. Y muy especialmente con lo que establece el artículo 280, de la misma excerta constitucional, cuando establece cuales son las funciones de la Contraloría General de la República. Querer entender que basta con ser ciudadano panameño por nacimiento, tener título universitario, ser mayor de 35 años de edad, y no haber sido condenado por delito doloso con pena privativa de la libertad de cinco años o más, no creo que se compadece con la importancia funcional y el valor teleológico que manda el concepto de órgano independiente que denota esta institución fundamental para el control de la hacienda pública. La reciente historia patria nos ha enseñado, que la clave para una mejor elección está en torno a que el designado para el cargo cumpla con garantizar la cualidad de Independiente, que enuncia el mismo artículo 279 como definición de este organismo. El hecho de que la coyuntura política sea propicia para que, mediante acuerdos entre bancadas legislativas, puedan imponer la designación del Contralor, interpretando un párrafo de la Constitución sin una lectura sistemática del texto gramatical en su conjunto y del “Espíritu” constitucional, no me parece jurídicamente correcto, ni políticamente conveniente para la institucionalidad de un régimen republicano democrático de Derecho. Tampoco creo correcto que, por el hecho de que en términos generales, los anteriores Contralores Generales de la República, respondían a una designación “sugerida” por el Presidente de la República, que por debilidad política de las anteriores Asambleas se limitaban a ratificar al candidato del Ejecutivo, después de breves escarceos en debates políticos entre facciones de gobierno y oposición, sólo enfatizando en los requisitos formales, sin entrar en el debate de lo esencial que define el adjetivo de la Independencia que requiere el organismo contralor. No desconozco que existen otros elementos que deben ser analizados para llegar a una correcta interpretación, ante el problema planteado, que giran en torno a la naturaleza del acto de la función administrativa de la Asamblea, de nombrar al Contralor General, si este acto exige o no el cumplimiento u observancia de los aspectos que ordena el antes mencionado artículo 163, numeral 1, que señala que, es prohibido a la Asamblea Nacional, expedir leyes que contraríen la letra o el espíritu de esta constitución. No es constitucionalmente legítimo realizar un acto de naturaleza legislativa, en contra de la letra o el espíritu de la Constitución, pero que esto mismo si sea posible ante la ausencia de un mandato expreso cuando se trate de un acto de naturaleza administrativa por parte de la misma Asamblea, es un verdadero exabrupto. Cabe decir que, al igual que no se designaría a una persona que posea un título universitario que no corresponda con las funciones del cargo, cuando la norma solo exige un título universitario sin especificar en qué áreas del conocimiento es el título. Tampoco podemos soslayar la exigencia de que todos los requisitos que se exigen para ser Contralor, están relacionados con la esencia que define las actuaciones de la Contraloría General de la República, más cuando estos requisitos deben garantizar de manera independiente la fiscalización y control de todos los órganos del Estado. Concluyo por señalar que no es un problema de naturaleza ética o moral simple, se trata de un problema de la “ética mínima” que manda el Derecho Constitucional panameño.

No acostumbro colocar en mi muro correspondencia privada, ni mucho menos mensajes extensos, pero por el respeto y cariño que le tengo a la persona que me dirige esta carta por vía del correo electrónico, desde la hermana República de Venezuela, a quien mantengo en el anonimato por razones obvias, por su valor testimonial histórico, paso a copiarla aquí. No sin antes decir, que el pueblo de Venezuela, forjado a la luz del mismo mar Caribe que une nuestras costas, encuentra todo el respaldo y respeto de los panameños, entre hermanos las disculpas no son necesarias. Viva Venezuela. 

 " Los hechos sucedidos el día de ayer contra su país por parte del oprobioso gobierno venezolano, me motivan a enviarle el presente email lleno de vergüenza ajena pero en ejercicio de la auténtica idiosincrasia del pueblo venezolano. Quiero en mi nombre, en el de mi familia, y en el de los millones de venezolanos que como yo nos encontramos en una lucha pacífica pero inflexible en contra de todo lo que nos ha tocado vivir en los últimos 16 años, hacerle llegar a usted y a sus compatriotas panameños, mis disculpas mas sinceras, no solo por el hecho de la estúpida postura de ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales con Panamá, si no además por las soeces expresiones que tuvo el señor Maduro en contra del Presidente Martinelli, que puede o no ser un presidente cuya gestión sea avalada por los únicos a quienes corresponde evaluarla, el pueblo de Panamá, si no que es el Presidente en ejercicio de un país y de un pueblo hermano, amigo, con quienes los venezolanos tenemos no solo coincidencias en nuestros patrones culturales, si no muchos años de amistad y relaciones comerciales que siempre han estado regidas por el respeto mutuo y la cordialidad y cariño que nos caracteriza como venezolanos y panameños. Sepa usted que esa ruptura e insultos los hace el gobierno venezolano, no la mayoría del pueblo venezolano, que hoy nos encontramos en medio de una lucha por la reivindicación de nuestros derechos y el rescate de un rico país que hoy vive en la miseria que nos ha sembrado un gobierno corrupto, ineficiente y criminal como el que fraudulentamente nos gobierna. Desde mi punto de vista, y de el de la mayoría de los venezolanos, a Panamá le debemos agradecimiento profundo por ser el UNICO país que ha concretado en hechos, como lo es su iniciativa en la OEA, una posición firme y muy clara con respecto a la auténtica situación en que vivimos en Venezuela, y agradecemos profundamente el apoyo que nos brinda su país a los venezolanos decentes y trabajadores, que somos mayoría en medio de este desastre, donde nuestra palabra y mensajes son rebatidos con balas, donde están muriendo jóvenes, hombres mujeres y niños, en una lucha desigual, basada estrictamente en principios Constitucionales y democráticos, muerte aplicada por mercenarios cubanos, esbirros a quienes se ha dotado de uniforme y armas de nuestra Guardia Nacional y Policía, y fuerzas paramilitares asalariadas por el gobierno, conformadas por hampones de la mas baja condición criminal. Usted sabe de mi profundo agradecimiento con su país, que ha recibido a mis dos hijas mayores a quienes liberé de esta opresión dada su juventud y pensando en su futuro, esperanzado siempre en que algún día podríamos librarnos de esto y pudieran ellas tener un país con futuro, ya que a mi edad se es presente, no futuro, y pensando solo en ellas tomé la dura decisión de separarme de lo que mas ama una persona en su vida, sus hijos, y las llevé a un país hermano, abierto, libre y democrático, como lo es Panamá. Disculpe el haberme extendido tanto. La vergüenza ajena que siento me lleva a rogarle haga usted llegar mis disculpas a su familia y a quién usted considere. Sepan los panameños que esta ruptura de relaciones e insultos fueron hechos precisamente por aquello que estamos combatiendo, y no por el pueblo venezolano que mayoritariamente enfrenta este régimen donde, le repito, nuestra palabra es combatida con balas, tortura y represión."

En Defensa de la Defensoría del Pueblo. (Otra vez).

Me siento obligado a escribir estas líneas y retomar el tema de la Defensoría del Pueblo, ante la opinión pública, como en varias ocasiones anteriores lo he hecho, tratando de apreciar en su contexto y de manera objetiva lo que parece una estrategia política dirigida a generar un patrón de descredito de las instituciones de control y fiscalización del resto de las instituciones del Estado. Fue bajo el período constitucional del Presidente Ernesto Pérez Balladares, que cristalizo la idea de la creación de la Defensoría del Pueblo en Panamá, la institución ya tenía raigambre regional en casi todos los países de Ibero América y en el año 1997 es creada por la Ley No. 7, y se elige el primer Defensor del Pueblo. Este primer periodo tuvo la virtud de establecer los cimientos institucionales sobre los cuales se perfilaría esta oficina, con un modesto presupuesto, para atender las primeras denuncias ante casos de violaciones a los derechos humanos por parte de servidores públicos. Mucho esfuerzo costo levantar el perfil institucional nacional e internacional, que consolidara el carácter de órgano no jurisdiccional de control y vigilancia de la conducta de los agentes gubernamentales, para el cumplimiento de los derechos humanos, basados en el ejercicio permanente de una magistratura de la persuasión. Lo cual sirvió para que, en el período de Juan A. Tejada, como Defensor del Pueblo, la institución mediara ante una diversidad de situaciones conflictivas que enfrentaban a la ciudadanía ante el poder estatal y ayudó para que la estatura moral de la institución se elevara hasta llegar en el año 2004 a ser reconocida en la Constitución Política de la República como un pilar de la institucionalidad panameña. Como toda acción humana, esta es perfectible, y tiene mucho por hacer, aunque las últimas noticias que emanan de su sede causan perplejidad y desaliento para los y las promotores (as) y defensores (as) de los derechos humanos, que seguimos convencidos de la necesidad y la conveniencia de que los espacios de interlocución entre sociedad y estado no pueden perderse, puesto que allí radica la esencia de la democracia a la que aspiramos y por cuanto la vigencia del Estado de Derecho requiere de organismos que aboguen por la dignidad humana, como finalidad política de la nación. Ya estamos en un período electoral, que en el próximo año definirá el futuro inmediato del país político, lo que está pasando en la Defensoría no puede dejar de ser anotado como parte de los puntos de una agenda nacional de discusión con el propósito de corregir el destino por el que transitamos. Si existe algún interés en rescatar las estructuras básicas de la institucionalidad democrática, hay que pensar y actuar en serio contra lo que pareciera una estrategia orquestada para eliminar la fiscalización de la cosa pública y sumirla en el descredito. Le tocará a la próxima Asamblea Nacional de Diputados elegir un nuevo Defensor o Defensora del Pueblo, que retome el esfuerzo de la transparencia en la gestión, capaz de llevar adelante una administración eficiente para el manejo de los recursos que le son encomendados, que permita que todos los sectores sociales y económicos, en especial aquellos más vulnerables del país, encuentren en la Defensoría del Pueblo un espacio para ser escuchados, que levante la voz por todos y todas ante los desafueros que lesionan los derechos humanos en cualquier parte del territorio nacional. Hay que insistir en que las actuaciones de la Defensoría del Pueblo, deben estar revestidas de las virtudes cívicas de la transparencia y la honestidad, la institución y cada una de las personas que allí trabajan, empezando por el propio Defensor o Defensora del Pueblo, deben demostrar integridad profesional y una elevada estatura ética que le permita ser baluarte de la Dignidad Humana, que su posición sea clara y diáfana ante los abusos de poder y las constante lesiones a los Derechos Humanos de todas las personas que habitan bajo el cielo istmeño. Es un lujo que no nos podemos dar, el permitir que las puertas de la que debe ser una casa para el que se sienta afectado ante tanta inequidad y factores sociales y políticos de desigualdad sean cerradas, esto solo abonaría el terreno para que fructifique el escenario de la violencia social y sería la excusa perfecta para aquellos que apuestan al retroceso, al caos y al descredito moral del Estado Social y Democrático de Derecho. Aunque por los últimos acontecimientos hay razones suficientes para el descontento, espero que se corrija el rumbo, que la Defensoría del Pueblo sobreviva ante el escándalo público que ha generado hoy la opacidad de su administración. Amanecerá y veremos.