Educación superior: ¿inversión estratégica o recorte al futuro?

 Para Katarina Tomaševski, quien fuera la primera Relatora Especial de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre el derecho a la educación, la enseñanza no representa un beneficio discrecional del gobierno de turno, sino una obligación jurídica que el Estado debe garantizar de forma progresiva e incondicional. En su obra fundamental, El asalto a la educación, Tomaševski sostiene que la educación es un “derecho llave” o multiplicador: aquel que permite el acceso efectivo al resto de las garantías ciudadanas, como la salud, el trabajo digno y la participación política. Bajo esta premisa, la educación superior estatal en Panamá adquiere una relevancia crítica, no solo como un espacio de acreditación profesional, sino como el último bastión contra la estratificación social y la herramienta definitiva para la movilidad social ascendente.

La solidez de este sistema se evalúa a través del esquema de las “4-A” (Asequibilidad, Accesibilidad, Aceptabilidad y Adaptabilidad) propuesto por la Relatora. No obstante, el panorama actual revela una preocupante pinza sobre la academia panameña: por un lado, una asfixia económica derivada de proyecciones presupuestarias restrictivas; por otro, una narrativa política que busca imponer el voto igualitario absoluto en las aulas bajo la apariencia de una equidad formal. Sin embargo, la universidad posee una identidad técnica y ontológica que no puede someterse a la volatilidad de mayorías transitorias. Al ser una comunidad de maestros y estudiantes vinculada por la búsqueda de la verdad —Universitas Magistrorum et Scholarium—, su gobernanza debe proteger el rigor científico sobre el populismo electoral. Ignorar esta distinción es sacrificar la calidad educativa en el altar de una aritmética mecánica que, en la práctica, vacía de contenido el prestigio de la enseñanza superior y compromete la Aceptabilidad (calidad) que el Estado está obligado a tutelar.

Defender la autonomía universitaria es, por tanto, defender la soberanía del conocimiento. Una universidad autónoma asegura que la investigación y la cátedra no estén supeditadas a intereses corporativos o presiones políticas coyunturales. Este es el modelo que permite a la Universidad de Panamá (UP) consolidarse como el faro académico de la nación, liderando la investigación científica en el país según el Ranking Scimago. Solo a través de una estabilidad institucional blindada contra injerencias externas se garantiza que la generación de saber sea un bien público accesible para todos, cumpliendo así con la función social de proponer soluciones estructurales a los problemas nacionales.

Este impacto se traduce en indicadores de desarrollo humano que no admiten retrocesos. La Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) ostenta un 90% de empleabilidad en sus egresados, de los cuales el 60% proviene de sectores populares, transformando la realidad de familias enteras a través de la innovación e impulsando la competitividad del país mediante la formación técnica y científica en carreras tecnológicas de vanguardia. Por su parte, la Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP) garantiza nuestra soberanía logística al formar a la oficialidad que sostiene el sector marítimo —responsable del 30% del PIB nacional—, mientras que la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) asegura que la descentralización del conocimiento sea una garantía de derechos en el entorno regional.

En el ámbito de la salud y la inclusión, la labor de la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS) es un puntal de Adaptabilidad. Al ser la única institución que forma profesionales en Traducción e Interpretación de Lengua de Señas y especialistas en áreas críticas como la Terapia Respiratoria o la Estimulación Temprana, garantiza que el “derecho llave” de la educación abra las puertas de la salud para los sectores más desfavorecidos. Sus clínicas atienden a más de 15,000 pacientes anuales de escasos recursos, llegando incluso a la Comarca Ngäbe-Buglé. Defender la estabilidad de estos modelos de gobernanza —validados por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia— es proteger la fe pública en los títulos y la integridad de los servicios sociales que estas instituciones prestan.

Sin embargo, el compromiso del Estado con estos logros se ve hoy cuestionado por una realidad presupuestaria alarmante. Según las proyecciones presentadas al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el proyecto de presupuesto para la vigencia fiscal 2026 prevé asignar aproximadamente $590 millones a las universidades oficiales, en contraste con los $746.3 millones aprobados para 2025. Esta disminución, que supera los $156 millones, constituye lo que Tomaševski denominaría un “asalto” a la esencia misma de la democracia.

Un recorte de esta magnitud no es un simple ajuste contable; significa laboratorios que no se actualizarán, simuladores de navegación postergados y una merma directa en la formación de los especialistas que el sistema de salud pública requiere con urgencia.

En conclusión, defender la educación superior estatal es defender la excelencia frente a la popularidad numérica y la inversión estratégica frente al ajuste fiscal sin rostro humano. Una sociedad donde el conocimiento avanzado se desfinancia o se politiza es una sociedad que renuncia a su soberanía y condena a sus ciudadanos a la irrelevancia en la economía del saber. Es imperativo que el Presupuesto de 2026 sea rectificado y que la autonomía universitaria sea respetada como un pilar innegociable del Estado de Derecho. La educación pública debe ser, de hecho y no solo en discurso, el faro que guíe el destino de nuestra nación hacia una prosperidad equitativa y fundamentada en la verdad científica.

La apelación: más que un recurso, una garantía contra el ‘error’ judicial

 

El ejercicio de la justicia es, al final del día, una actividad humana y, por definición, falible. Como tal, está inevitablemente ligado a la posibilidad del error, al sesgo cognitivo del juzgador o, simplemente, a una visión limitada y fragmentaria de los hechos presentados en el estrado. En el complejo escenario del derecho penal, donde lo que está en juego es el valor supremo de la libertad individual frente al poder punitivo del Estado, no podemos darnos el lujo de asumir una infalibilidad inexistente. Es aquí donde el recurso de apelación aparece no como un simple trámite dilatorio o una formalidad burocrática, sino como la columna vertebral de nuestra democracia y el último baluarte contra la arbitrariedad.

Sin embargo, recientemente ha surgido en la Asamblea Nacional de Panamá una propuesta legislativa que pretende cercenar este mecanismo, quitándole al Ministerio Público la posibilidad de recurrir las sentencias de no culpabilidad. Esta iniciativa no solo debilita la eficacia del sistema penal, sino que le da la espalda a nuestra propia Constitución Política y traiciona el principio fundamental de la tutela judicial efectiva.

Para dimensionar la gravedad de esta propuesta, debemos elevar la mirada hacia la cúspide de nuestro ordenamiento: el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política. Este precepto no es una norma aislada; es la puerta de entrada para la aplicación del bloque de constitucionalidad. Este concepto implica que los derechos y garantías consagrados en nuestra Carta Magna deben considerarse como mínimos, integrando de forma automática los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por la República. La Corte Suprema de Justicia, en su histórico fallo del 21 de agosto de 2008 (bajo la ponencia del magistrado Jerónimo Mejía), dejó claro que el estándar de convencionalidad no es una sugerencia académica, sino un mandato vinculante. Al amparo de esta doctrina, el derecho a recurrir del fallo ante un tribunal superior, consagrado en el artículo 8.2, literal h, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adquiere rango constitucional en Panamá.

Por lo tanto, cualquier intento de limitar el acceso al recurso de apelación debe analizarse bajo el prisma del artículo 32 constitucional, que garantiza el debido proceso. Este principio promete a los ciudadanos que nadie será juzgado sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales. Pero ¿qué valor tiene un trámite legal si impide corregir una injusticia manifiesta? La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en casos emblemáticos como Mohamed vs. Argentina y Herrera Ulloa vs. Costa Rica, ha establecido que el recurso debe ser ordinario, accesible y eficaz. Si el legislador panameño decide, por conveniencia política, que las absoluciones de primera instancia son “verdades absolutas” e incuestionables para la fiscalía, está creando una zona de inmunidad judicial que rompe el equilibrio de la justicia y deja a la sociedad en un estado de indefensión institucionalizada.

En el fondo, el derecho a impugnar no es un simple trámite, sino la respuesta institucional a la naturaleza falible del conocimiento humano. En su obra fundamental, Derecho y razón (1989), Luigi Ferrajoli sostiene que el proceso penal debe estructurarse para minimizar el error, partiendo de una premisa crítica sobre la justicia: “La historia de las penas es una historia de horrores y la historia de los juicios es una historia de errores”. Para Ferrajoli, la motivación de la sentencia es la garantía específica de la naturaleza cognoscitiva del juicio; solo a través de las razones expuestas por el juez es posible someter la sentencia a un control crítico. La motivación permite el control de las partes y constituye el presupuesto necesario de la impugnabilidad; sin ella, el juicio se degrada en un acto de voluntad dictatorial o decisionismo.

Nuestro Código Procesal Penal (CPP) diseñó una estructura coherente para evitar este peligro. El artículo 41 establece la competencia de los Tribunales Superiores de Apelaciones, dotándolos de la autoridad para revisar las decisiones de los jueces de garantías y de cumplimiento. Esta facultad se operativiza a través del artículo 163, que limita la competencia del tribunal superior exclusivamente a los puntos de la decisión que han sido impugnados (agravios), evitando así una revisión arbitraria. Finalmente, el artículo 168 dota al superior de la potestad de revocar, reformar o confirmar la resolución dictada en primera instancia.

Privar al Ministerio Público de este recurso, como sugiere la propuesta legislativa en curso, rompería el delicado equilibrio diseñado en estos artículos y vulneraría la tutela judicial efectiva al impedir que un tribunal superior enmiende resoluciones manifiestamente ilegales. La Corte Suprema de Justicia de Panamá ha subrayado reiteradamente que la facultad de hacer uso de los medios de impugnación es un componente esencial del debido proceso; silenciar esta vía es condenar a las víctimas a una indefensión estructural. El sistema penal acusatorio se basa en la igualdad de armas: si la defensa tiene todas las garantías para impugnar una condena, la fiscalía, como representante de los intereses de la sociedad y de las víctimas, debe tener la misma capacidad para impugnar una absolución que carezca de sustento lógico o probatorio. La estructura garantista es clara: la falibilidad humana justifica el recurso, la motivación proporciona el material necesario para ejercerlo y la competencia de los Tribunales Superiores asegura que ninguna decisión judicial escape al rigor de la ley.

Una justicia que impide la revisión de una absolución potencialmente arbitraria es una justicia que renuncia a su deber de rectitud, transparencia y rendición de cuentas. Por todo lo anterior, los diputados de la República deben comprender que su facultad legislativa no es un cheque en blanco para desmantelar estructuras constitucionales ni para ignorar el sistema convencional al que Panamá está suscrito. Legislar en contravía de estos principios no solo es un error técnico, sino una extralimitación que conlleva una grave responsabilidad política y jurídica. Un legislador no puede invocar la soberanía popular para crear leyes que fomenten la impunidad o que blinden fallos ante el control de legalidad. Hacerlo es traicionar el mandato de asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales, según lo señala el artículo 17 constitucional. La democracia no sobrevive con leyes a la medida, sino con un sistema donde la verdad siempre tenga una segunda oportunidad para prevalecer.

Escudo de las Américas ¿El hemisferio en el hoyo 19? La región se juega su futuro en el campo de golf del señor Trump

 

En los salones del Trump National Doral, el pasado 7 de marzo de 2026, el “arte de la negociación” del señor Trump se transformó en una exhibición de grosería geopolítica. Fue una puesta en escena que puso a prueba no solo la diplomacia, sino la médula misma de la dignidad nacional de Panamá y de toda una región que parece haber sido citada a rendir cuentas en un feudo privado.

El escenario no fue una sede neutral o gubernamental; fue el club de golf privado del mandatario estadounidense en Florida. Este detalle le dio al encuentro un sabor agridulce de posesión: los invitados seleccionados fueron convocados a la mesa de quien confunde la política exterior con su portafolio de inversiones personales.

En la jerga del golf, el “hoyo 19” es donde se cierran los verdaderos tratos, lejos del escrutinio público y bajo las reglas del club. Allí, la soberanía de los Estados se diluye frente al derecho de propiedad del anfitrión. Mientras el señor Trump se jactaba ante las cámaras de que el Canal de Panamá fue “el mejor negocio de la historia” —obtenido, según su visión distorsionada, por el pago de un dólar—, la reacción del presidente José Raúl Mulino fue el retrato vivo de una asimetría desoladora.

Las lentes de la prensa captaron a un mandatario limitado a una sonrisa de protocolo, rígida y contenida; la actitud de un invitado que, atrapado en la cortesía del banquete privado, asiente ante la prepotencia del dueño de casa. El silencio ante el chiste del “negocio de un dólar”, proferido en el corazón del feudo del señor Trump, pesó más que cualquier proclama posterior sobre soberanía.

Para Panamá, la vía interoceánica no es un activo en remate, sino la expresión máxima de una soberanía conquistada con sangre y décadas de lucha estratégica. Los Tratados Torrijos-Carter y el Tratado de Neutralidad Permanente del Canal de Panamá no son meros papeles; son instrumentos de derecho internacional que forman parte de nuestro orden jurídico interno. Su legitimidad es insultada cuando se sugiere que nuestra soberanía fue un error contable o un mal negocio.

Para entender la magnitud de lo ocurrido en Florida, es imperativo trazar un parangón histórico. En 1826, hace ya dos siglos, Simón Bolívar (1783-1830) convocaba el Congreso Anfictiónico de Panamá para pensar el mundo desde la dignidad de naciones libres. Mientras Bolívar nos veía como el “centro del universo”, el foro del Doral parece reducir a la región entera a una escala de servidumbre, donde se nos recuerda que somos una concesión que nunca debió expirar.

Esta degradación se acentúa en la lista de invitados. El foro “Escudo de las Américas” no fue una cumbre hemisférica, sino un cónclave selectivo. La exclusión deliberada de democracias clave como México, Brasil, Colombia, Uruguay y Guatemala revela que no se buscaba la unidad, sino un bloque de lealtades personales. Al dejar fuera a los gigantes de la región, el mensaje fue claro: en el club del señor Trump, solo son bienvenidos quienes validen su visión transaccional.

Esta “tercerización” de la soberanía se traduce en peligros tangibles. Al pactar una estrategia de “tolerancia cero” y un intercambio de inteligencia con agencias como la CIA y el FBI, el gobierno del presidente Mulino camina sobre el filo de una contradicción jurídica: la República de Panamá no tendrá ejército, por mandato constitucional (artículo 310).

¿Cómo puede un país desmilitarizado participar en un “escudo” de combate sin desnaturalizar a su Fuerza Pública? El riesgo es que el Senafront y el Senan terminen como apéndices operativos de una estrategia externa comandada desde Florida.

Esta entrega se manifiesta con crudeza en el Tapón del Darién, donde Panamá ha aceptado ser el muro que el señor Trump no pudo terminar en su frontera norte, asumiendo el costo social de una crisis continental para satisfacer a un anfitrión que solo ve perímetros.

La lucha contra el narcotráfico sigue la misma senda: una dependencia donde las decisiones se dictan desde fuera, supeditando nuestra seguridad a agendas geopolíticas ajenas. Este compromiso resulta particularmente sensible frente al Tratado de Neutralidad Permanente del Canal de Panamá.

La soberanía no se guarda en una vitrina; se ejerce con firmeza ante cada interlocutor. El encuentro en el campo de golf del señor Trump fue un recordatorio de que su hospitalidad nunca es gratuita. El presidente Mulino regresó con acuerdos que profundizan una tendencia a militarizar de facto nuestra seguridad e ignoran nuestra mayor fuerza: la autoridad moral de nuestra neutralidad.

Panamá no es una propiedad en remate ni un eslabón subordinado. Permitir que el impulso posesivo del señor Trump dicte nuestras políticas es olvidar que la dignidad nacional no tiene precio. Es hora de entender que se puede ser aliado sin ser súbdito; la verdadera defensa del Canal comienza por el respeto a la Constitución de una nación que dejó de ser colonia para ser, de una vez por todas, dueña de su propio destino.

El desierto necesario Por qué el liderazgo exige la madurez humana (y política) de un Jesús histórico

 

Entramos en Cuaresma, un periodo que el marketing religioso ha edulcorado hasta convertirlo en un trámite de abstinencias superficiales. Sin embargo, para quienes entendemos la política como el arte de transformar la realidad, este tiempo debería ser una disección del carácter. En una era dominada por el liderazgo instantáneo y la estética del reel de quince segundos, urge recuperar la noción del “desierto” como espacio de formación.

Sugiero dejar de buscar respuestas en los sermones almibarados o en la narración oficial; para entender cómo se construye un líder que trasciende, he optado por acudir a la literatura que dolió: La última tentación de Nikos Kazantzakis y El Evangelio según Jesucristo de José Saramago. Elegir a un griego excomulgado y a un portugués marxista no es un ejercicio de provocación, sino una necesidad intelectual frente a la crisis de madurez que asola a nuestras instituciones. El dogma nos entrega a un líder ya terminado, un Dios que finge ser hombre y que, por tanto, como ser humano, no tendría mérito en su victoria. En cambio, estos autores nos devuelven la trascendencia material, mostrándonos que el poder no es un don divino ni un golpe de suerte mediático, sino una construcción agónica, humana y, sobre todo, política.

Esa construcción comienza en la forja de la madurez, entendida como una victoria absoluta sobre el “yo” privado. La política actual está plagada de adolescentes —de entre veinticinco y cuarenta años— que buscan el mando para sanar complejos personales. El Jesús que describe Kazantzakis es el arquetipo de la renuncia consciente. Su lucha no es contra demonios de fábula, sino contra la tentación de la normalidad: la familia, el confort y el egoísmo. Como bien escribe el autor griego en el prólogo de su obra: “Mi principal angustia y el origen de todas mis alegrías y penas ha sido la lucha incesante y despiadada entre el espíritu y la carne... y mi alma es la arena donde estos dos ejércitos se han encontrado y chocado”. Esta cita resume la primera lección de mando: nadie tiene derecho a dirigir a un pueblo si antes no ha ganado la batalla en su propia arena. La madurez política es, en esencia, la capacidad de ser coherente cuando la carne pide descanso y el espíritu exige sacrificio.

Por su parte, la formación de este perfil no ocurre por iluminación mística, sino a través de una conciencia crítica que se cultiva en el silencio y la observación. José Saramago nos presenta a un joven que descubre que el liderazgo no es un privilegio de casta, sino una carga ética por las consecuencias de sus actos sobre los demás. En un pasaje demoledor, el Nobel portugués sentencia que “los hombres son como los dioses, no se conocen unos a otros más que por el rastro que dejan detrás de ellos, por el dolor que han causado”. Bajo esta óptica, el líder que trasciende a los 33 años lo hace porque pasó dos décadas aprendiendo a leer la letra pequeña del contrato del poder, negándose a ser un instrumento ciego del sistema. Su formación es una toma de conciencia sobre el dolor ajeno, lo que transforma al individuo en un rebelde con causa técnica y moral.

Esta madurez se pone a prueba en la capacidad del líder para gestionar su legitimidad y su círculo cercano. El encuentro con Juan el Bautista, lejos de ser un rito místico, debe leerse como una operación de relevo político magistral. Juan representa la vieja guardia y el clamor del desierto; Jesús representa la propuesta de un nuevo orden. El reconocimiento entre ambos es un acto de realismo político: el mentor que sabe cuándo menguar y el líder que, con la madurez de quien conoce su historia, acepta el testigo sin soberbia. Es en esa red de alianzas y en la gestión de un equipo complejo donde el liderazgo abandona el plano individual para volverse histórico.

¿Por qué es vital esta reflexión hoy? Porque vivimos en una orfandad de referentes que confunde la popularidad con la autoridad. La trascendencia de Jesús no reside en su divinidad, sino en su aterradora humanidad: esa que le permitió desafiar a un imperio y a una teocracia porque estaba más formado, era más maduro y poseía una voluntad más inquebrantable que todos sus jueces juntos. En un mundo que premia lo efímero, estos autores nos recuerdan que el verdadero liderazgo requiere un “tiempo de desierto” que la inmediatez tecnológica ha intentado abolir.

Propongo, para estos días de Cuaresma, abandonar los manuales de consultoría vacía y regresar a estas obras que en su día fueron perseguidas y censuradas. Leer a Kazantzakis y a Saramago como un ejercicio de formación política alternativa permite comprender que el verdadero poder nace de la duda resuelta, de la carne vencida y de la madurez de quien prefiere ser historia a ser simplemente gobernante.

Al final, la lección de los 33 años del Jesús histórico es brutal en su sencillez: si el líder no está dispuesto a morir a sus intereses privados, no tiene nada que ofrecer al interés público. El liderazgo que trasciende no se hereda ni se compra con likes; se forja en el silencio de un taller de carpintería y se valida en la soledad de una cruz. Mientras nuestra clase política siga huyendo del desierto para buscar el aplauso fácil, seguiremos gobernados por espectros de hombres, esperando un cambio que solo vendrá de quienes, como el Jesús literario, tengan la madurez de aceptar que el poder es, antes que nada, un sacrificio.

integración centroamericana Inmunidad no es impunidad: el imperativo ético del Parlacen

 En el complejo ecosistema político contemporáneo, pocas instituciones sufren una crisis de percepción tan aguda como el Parlamento Centroamericano (Parlacen). La narrativa mediática predominante, a menudo apresurada, ha reducido la incorporación de ciudadanos a este foro regional a una simple estrategia de evasión judicial: un “escudo” diseñado para eludir responsabilidades ante los tribunales nacionales. Sin embargo, un análisis riguroso y desapasionado del Tratado Constitutivo del organismo y de la jurisprudencia emanada de la Corte Suprema de Justicia de Panamá revela una dimensión de mayor profundidad: la formalización de la titularidad parlamentaria es el acto jurídico que persigue garantizar la estabilidad política regional, proteger la independencia del foro y fortalecer el bloque centroamericano frente a los desafíos globales.

Para comprender la relevancia de esta titularidad, es imperativo elevar la mirada hacia el contexto geopolítico actual. Vivimos en un mundo de bloques, donde la fragmentación del orden internacional exige que las naciones medianas busquen economías de escala políticas. El Parlacen, como órgano político del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), está llamado a consolidar una voz común frente a potencias extraregionales y desafíos transnacionales como la seguridad hemisférica.

La ventaja estratégica radica en la capacidad de negociar como bloque. Un Parlamento fortalecido permite armonizar legislaciones y fomentar la democracia regional. Por ello, la estabilidad institucional del foro es la garantía de que Centroamérica cuente con un espacio de diálogo permanente, blindado frente a las turbulencias internas de sus Estados miembros. En este escenario, la protección de los parlamentarios no debe entenderse como una concesión individual, sino como una salvaguarda institucional para la continuidad del diálogo regional.

No obstante, para que esta premisa no se desvirtúe, es necesario ser categóricos: este análisis no constituye una defensa de causas radicadas en la justicia ordinaria ni un espaldarazo a figuras específicas que hoy integran este foro. Es imprescindible separar la institución de los individuos. El Parlacen no es, ni debe ser, un refugio. Sus mecanismos fueron diseñados para blindar la función institucional, no para garantizar impunidad frente a delitos comunes. La inmunidad que exige la integración regional jamás debe confundirse con un escudo contra la responsabilidad penal individual; en última instancia, la legitimidad del organismo depende de la capacidad de defender la institucionalidad sin obstruir el brazo de la justicia.

El acceso a la titularidad parlamentaria no es uniforme. Según establece el artículo 2 del Tratado Constitutivo, la primera vía es la elección directa por sufragio universal. En Panamá, esta adquirió un nuevo estándar tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de septiembre de 2025, que declaró inconstitucional el sistema de listas cerradas y obligó a que los diputados sean elegidos mediante voto directo y selectivo, transformando la titularidad en un mandato ciudadano nominal.

Por otro lado, el Tratado dispone que los presidentes y vicepresidentes salientes tienen derecho a integrarse como diputados por derecho propio. Este modelo busca capitalizar la experiencia de Estado para dotar de mayor peso político a la deliberación regional, evitando que el Parlamento se convierta en un ente desconectado de la alta política.

La titularidad requiere, además, un perfeccionamiento jurídico mediante el procedimiento previsto en el artículo 33 del Tratado, consistente en la juramentación y toma de posesión oficial. Esta formalidad marca el momento en que el individuo deja de representarse a sí mismo para representar la voluntad de integración del Estado. Es en este punto donde cobra relevancia el artículo 27 del Tratado, que establece que los diputados gozarán, en el Estado donde fueron electos, de las mismas inmunidades y privilegios que los legisladores de su respectiva Asamblea Nacional.

Esta remisión a la norma interna constituye el eslabón jurídico que direcciona la competencia hacia el artículo 155 de la Constitución Política de la República de Panamá. Al establecerse una igualdad de condiciones entre el diputado regional y el diputado nacional, la norma dispone que sea el Pleno de la Corte Suprema de Justicia quien asuma la investigación y el juzgamiento de estos funcionarios.

Este mecanismo jurídico ha sido objeto de críticas, especialmente en el caso de los presidentes salientes. Al concluir su mandato, un gobernante pierde su inmunidad presidencial; sin embargo, al juramentarse en el Parlacen, adquiere la inmunidad parlamentaria correspondiente. Esto ha sido interpretado por diversos sectores como una forma de evadir la justicia ordinaria. Desde una perspectiva estrictamente jurídica, resulta indispensable confrontar la tensión entre la expectativa ciudadana —frecuentemente alimentada por juicios paralelos mediáticos— y el rigor procesal. Lo que el relato público califica como “artimañas” constituye, en realidad, la aplicación del principio del juez natural, que garantiza el derecho a ser juzgado por la autoridad competente y conforme a los trámites legales previamente establecidos.

Ignorar esta competencia para satisfacer el clamor mediático viciaría el proceso con nulidades procesales, lo que, paradójicamente, podría generar la verdadera impunidad. Respetar al juez natural es la única vía para que una eventual sentencia cuente con validez y seguridad jurídica.

En definitiva, el futuro del Parlamento Centroamericano no puede seguir rehén de las sombras del pasado ni de las conveniencias del presente. La integración regional es una aspiración demasiado elevada como para permitir que se degrade en una estrategia de evasión judicial. Si aspiramos a una Centroamérica verdaderamente cohesionada, debemos exigir una institución donde la inmunidad proteja la democracia y no la evasión de responsabilidades. Solo así, rescatando la ética política y garantizando el respeto irrestricto a la ley, el Parlacen dejará de ser percibido como un refugio para convertirse en un instrumento legítimo de integración y desarrollo regional. Al respetar el Tratado Constitutivo, protegemos la soberanía regional y aseguramos que el derecho a la defensa siga siendo una garantía frente a la arbitrariedad.

El casco de Hawkins y la identidad en tiempos de cólera.

 

Un gesto mínimo en el Super Bowl reveló una verdad mayor: la identidad multicultural resiste, incluso cuando el discurso político intenta negar su peso y su presencia.

Mientras el cronómetro del Super Bowl LX avanzaba, una imagen se repetía en las pantallas de millones de hogares: el primer plano del casco de Jaylinn Hawkins.

El safety de los Patriots no solo llevaba protección contra los impactos físicos; llevaba la bandera de Panamá pegada a la nuca, un recordatorio silencioso pero potente de que las fronteras son porosas y las identidades, múltiples.

En un país que parece caminar al borde de una fractura profunda, tensionado por discursos que niegan el multiculturalismo y la pluriétnia, ese pequeño adhesivo tricolor fue un acto de resistencia silenciosa, pero global.

l espectáculo del medio tiempo no fue una simple tregua comercial; fue un choque cultural necesario. En un contexto donde la identidad estadounidense es campo de batalla, ver a Bad Bunny mencionar a Cuba en su repaso lírico —al estilo de Buscando América, de Rubén Blades— dejó un mensaje claro: nuestra región no es el “patio trasero”, es un corazón que late dentro del gigante.

Las imágenes del show fueron dardos de realidad. Bad Bunny nos pidió “tirar más fotos”, atesorar lo que no tiene precio antes de que el ruido de la intolerancia lo borre todo. Y la advertencia fue punzante: “que no nos pase lo de Hawái”, un recordatorio —en la voz de Ricky Martin— sobre la pérdida de soberanía y la gentrificación de nuestras esencias. Pero en medio de la advertencia hubo celebración: Lady Gaga entregada a la salsa, bailando y cantando en una plaza latina, demostrando que, mientras los políticos levantan muros, el ritmo construye puentes que la xenofobia no puede dinamitar.

Para el espectador promedio en Estados Unidos, este show fue un espejo incómodo, pero vital. En una nación donde sectores radicales intentan borrar el aporte hispano, el Super Bowl recordó que más de 40 millones de latinos sostienen hoy buena parte de la economía y de la cultura del entretenimiento.

Ver a Hawkins, un atleta de 28 años nacido en California pero orgulloso de su sangre panameña, vestir el uniforme de los Patriots —el equipo de Nueva Inglaterra— con la bandera de su madre, es un golpe de realidad bilingüe. Para el público anglo, confirma que la identidad “americana” no es monolítica; para millones de inmigrantes, valida su existencia en un momento de oscuridad política.

Ese casco y ese espectáculo recordaron que la multiculturalidad no es una “agenda”: es nuestra naturaleza continental. Jaylinn Hawkins levantó una bandera de orgullo para un mundo en caos. En un momento en que el odio parece ganar terreno, el Super Bowl 2026 nos obligó a mirar lo que realmente somos: una mezcla indomable, una salsa bilingüe que, pese a las amenazas de división, se niega a dejar de bailar.

Hoy, más que nunca, queda atesorar lo que nos une y, como dijo el Conejito, guardar la foto de este momento en el que, por unos minutos, la esperanza le ganó al miedo.

Soberanía en la encrucijada: el derecho frente a la geopolítica del petróleo

 

En el complejo escenario global de 2026, la República de Panamá se encuentra ante una encrucijada que define no solo su política exterior, sino su identidad como nación soberana. La agresión armada unilateral y la crisis multidimensional que atraviesa Venezuela han dejado de ser eventos aislados para transformarse en desafíos directos a la arquitectura jurídica que garantiza nuestra propia existencia.

Para un país cuya columna vertebral es una vía interoceánica de importancia sistémica, el derecho internacional no es una abstracción académica, sino el único escudo real frente a la arbitrariedad del poder entre los Estados contemporáneos. Sin embargo, asistimos hoy a una preocupante geopolitización de la justicia, donde las normas son invocadas o silenciadas según los intereses de las potencias en disputa, poniendo en riesgo la estabilidad del Caribe y la neutralidad estratégica de nuestro istmo.

Esta erosión del orden internacional comienza por la aplicación selectiva de los tratados, que constituyen la fuente suprema y el cimiento del derecho internacional contemporáneo. Mientras el artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas —el documento fundacional de la gobernanza global— prohíbe taxativamente la amenaza o el uso de la fuerza, observamos una asimetría ética alarmante.

A manera de ejemplo, potencias que ejecutan actos constitutivos del crimen de agresión internacional, según el artículo 8 bis del Estatuto de Roma, evaden la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI) para actuar bajo un manto de impunidad. Como sostiene el profesor Kai Ambos, especialista en derecho penal internacional de la Universidad de Gotinga, esta selectividad jurídica socava la protección de los países del sur global. Para Panamá, que debe apostar por la eficacia del derecho y no por la fuerza del arsenal, esta tendencia representa una amenaza estructural: si el derecho deja de ser la norma universal de convivencia para convertirse en un manual de instrucciones al servicio de la hegemonía, la soberanía de las naciones pequeñas queda reducida a una concesión revocable.

La gravedad de esta situación se intensifica al descorrer el velo de los argumentos formales para observar los intereses de fondo. El International Crisis Group (ICG) ha advertido que lo que a menudo se presenta como campañas contra el narcoterrorismo u objetivos humanitarios oculta, en realidad, un ruido de sables destinado al control de activos estratégicos. Informes del ICG sugieren que tras la presión militar subyacen disputas por una participación dominante en la riqueza petrolera y mineral de Venezuela, lo que plantea dudas razonables sobre si el fin último es la democracia o el beneficio extractivo.

Esta lógica transaccional convierte a la región en un pivote estratégico donde potencias extrarregionales instalan infraestructuras de defensa asimétrica, como documenta el Center for Strategic and International Studies (CSIS). En este tablero, Panamá es el nodo más sensible: cualquier incidente en la cuenca del Caribe impacta directamente en la operatividad del Canal.

Ante este panorama, Panamá debe hablar desde la autoridad moral que otorga su propia cicatriz histórica. Cargamos con el trauma de la invasión de 1989, una herida documentada por la Comisión de la Verdad de Panamá, que aún dicta nuestra postura: la seguridad colectiva no puede ser un trofeo de guerra. Nuestra trayectoria hacia la soberanía plena no fue producto de la violencia, sino de la persistencia diplomática y del respeto a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que consagra el principio pacta sunt servanda.

Esta memoria nos obliga a ejercer una crítica responsable sobre nuestra posición oficial, que con frecuencia parece alinearse con bloques de poder externos, en lugar de liderar un multilateralismo ético y autónomo que denuncie con la misma vara tanto la tiranía interna como la agresión externa motivada por intereses de los centros de poder internacionales.

Esta coherencia ética encuentra su raíz más profunda en el pensamiento de Simón Bolívar. En su Discurso de Angostura (1819), el Libertador advirtió que la permanencia indefinida de un ciudadano en el poder es el origen de la tiranía. La crisis venezolana es, en esencia, la materialización de esa advertencia. Sin embargo, Bolívar también alertó contra la resolución de conflictos locales mediante cañones extranjeros. La libertad de Venezuela debe ser una conquista de su propio pueblo, pues una democracia impuesta por la fuerza no es más que una soberanía tutelada que contradice el derecho inalienable a la autodeterminación.

El pronóstico geopolítico para este segundo cuarto del siglo XXI exige que Panamá evolucione de una neutralidad pasiva hacia una soberanía activa. Defender la integridad de la norma frente a la crisis venezolana es, en última instancia, un acto de defensa nacional: al proteger el cumplimiento de los tratados, blindamos el marco legal que garantiza nuestra soberanía sobre el Canal.

Esta realidad nos obliga a rescatar la advertencia de Blaise Pascal sobre la trágica dialéctica entre ética y poder: la justicia sin fuerza es impotente, pero la fuerza sin justicia es tiránica. El desafío de Panamá en esta hora crítica es resistir la lógica cínica de la realpolitik y promover un orden donde el derecho no sea un disfraz de la hegemonía, sino la fuerza capaz de someter a la fuerza misma, garantizando que el Caribe sea un mar de paz y prosperidad para todos los que allí tenemos ribera.